jueves, 6 de agosto de 2009

¡Ha ganado el sentido común¡

LLegado el punto, tendré que dar una clase de derecho y otra de ética política a mi amigo Jaime. (sin ánimo de ser soberbio)

En relación a la clase de derecho, el art 426 del Código penal se ve reflejado en este supuesto, ya que los imputados han recibido una dádiva en relación a su cargo, en este punto hay que diferenciar la dádiva del presente teniendo en cuenta los usos sociales. Así regalar una cesta de navidad entraría dentro de los usos sociales, o regalar una muestra para promocionar un producto, veáse las anchoas del señor Revilla a Zapatero y tambíen a Rajoy.

Por otro lado el precio del regalo tambíen desvirtúa la consideración de presente al uso y la sitúa en dádiva, así no sería lo mismo recibir unas latas de anchoas (presente al uso) que recibir unos trajes a medida, unos bolsos de Luis Vuiton o un safari millonario a kenia (eso sería una dádiva y podría ser subsumible en el ilícito penal del que hablamos).

El Tribunal enjuicidador vacia de contenido la consideración de cohecho impropio, ya que aduce
que debe existir causalidad entre los regalos y el efecto que producen los mismos
rompiendo así la figura penal, ya que esta se refiere a dádiva que se da a funcionario público por su cargo sin obtener nada a cambio, creo que es clara que por los regalos no debe haber efecto o causa alguna para que eso se considere delito.

Desde mi punto de vista los hechos enjuiciados deberían considerarse cohecho activo, e incluso tráfico de influencias. Basándome en varias cosas, la primera es la indicación que hace el juez del TSJ de Madrid, SR. Pedreira, que le indicó al tribunal valenciano que enjuiciara a los cabecillas de la trama, y los califica de "cohechadores profesionales" (vease profesionales del cohecho, claro esta) , segundo, es discutible que el efecto de los regalos no sea la adjundicación de contratos por parte de la Administración valenciana, ya que aunque las adjudicaciones hechas a la trama sean por parte de las consejerías pertinentes, y que estas tienen a su propio responsable (el consejero de turno), no quita esto que se pudieran haber dado indicaciones al respecto para que se adjudicaran esos contratos a dedo. Pero no pasa nada, ha ganado el sentido común.

Un político es un servidor público, que debe ser honrado, sincero y capaz de asumir sus actos, debe responder por todo práctimanente, ya que la diligencia que se le exige es y debe ser mayor de la que se puede pedir para cualquier otro oficio. Por lo tanto debe dar explicaciones en cada momento, y no escudarse en comunicados o ruedas de prensa sin preguntas, y sobre todo recordar que su sueldo sale de la ciudadanía, y eso no es cualquier cosa.